Durante meses, cientos de miles de israelíes han salido a las calles para protestar contra los cambios de gran alcance en el sistema jurídico y político que, según algunos, amenazan los fundamentos democráticos del país.

Israel no tiene una Constitución escrita, solo un conjunto de leyes básicas cuasi constitucionales garantizadas por el Tribunal Supremo, pero tampoco tiene otro control del poder de la Knesset que no sea el Tribunal Supremo. Algunos lo llaman equilibrio de poderes y otros, abuso de poder por funcionarios públicos no electos. A continuación detallamos los puntos más importantes de la reforma judicial y política que se pretende aprobar en los próximos meses. 

    1. En primer lugar, el poder político tomará el control absoluto sobre el comité de selección de jueces que integran el Tribunal Supremo. En el comité, formado por nueve miembros, se sentarán cinco integrantes de la coalición gobernante, el mismo número de votos que se requerirán para nombrar a un nuevo juez. Hasta ahora, en el comité se equilibraban intereses políticos y profesionales, y se requerían siete votos (de nueve) para nuevos nombramientos.
    2. La Knesset gozará de vía libre para aprobar leyes, que no podrán ser bloqueadas por la Justicia si se logra una mayoría parlamentaria de 61 diputados (de 120). La actual coalición goza de mayoría absoluta (64). Además, el Parlamento podrá reavivar leyes previamente tumbadas en el pasado por ser consideradas inconstitucionales, gracias a la denominada cláusula de anulación.
    3. El alto tribunal tampoco podrá interpretar el contenido de las leyes básicas. En el ambiguo sistema israelí, la interpretación del alto tribunal sobre la “ley de dignidad humana y libertad” garantizó el derecho a la igualdad o la libertad de expresión. Ahora, su contenido podrá ser reinterpretado solamente por el poder político.
    4. Se bloqueará también la capacidad del Tribunal Supremo para revisar la aprobación de nuevas leyes básicas, que suelen redactarse frecuentemente. Para que el alto tribunal pueda revisar estas leyes semi constitucionales, se requerirá al menos una mayoría del 80% -12 de los 15 jueces del tribunal-, cuando hasta la actualidad bastaba con una mayoría simple.
    5. Una de las medidas centrales se refiere a la protección del primer ministro contra una inhabilitación forzada. La ley estipula que el premier solo podrá ser revocado del cargo por dos vías: si él mismo informa al parlamento de su renuncia; o si tres cuartas partes del gabinete de ministros exigen que sea suspendido, una decisión que posteriormente debe ser ratificada por 90 diputados de la Knesset. Para los críticos, esto permitirá a “Bibi” blindarse en el poder a expensas de los dictámenes en los procesos penales que afronta por fraude, soborno y abuso de confianza.
    6. El Tribunal Supremo tampoco podrá impugnar el nombramiento de ministros, a menos que entre en conflicto directo con una “ley básica”. La medida permitirá la restitución de Aryeh Deri, líder de la formación ultraortodoxa sefardí Shas, quien fue vetado por la Justicia como ministro de Sanidad por su pasado corrupto. Deri aceptó retirarse de la vida pública tras acordar una disminución de su pena, pero el nuevo ejecutivo articuló una ley para retenerle en el cargo.
    7. El Departamento de Investigaciones Internas de la Policía, que actualmente forma parte de la oficina de la Fiscalía General, pasará a estar bajo control del Ministerio de Justicia. Los críticos alegan que el ministro de Justicia podrá así ordenar investigaciones a policías o fiscales que abrieron causas contra cargos políticos.
    8. El presidente y vicepresidente del Tribunal Supremo serán nombrados directamente por el poder político, en lugar de por los propios jueces.
    9. Por último, se pretende debilitar la autoridad de la Fiscalía General, así como los asesores legales del gobierno y los ministerios. “Vamos a las urnas una y otra vez, y al final, gente a la que no votamos decide por nosotros”, consideró el ministro de Justicia, Yariv Levin, uno de los principales promotores del plan.

El actual gobierno, constituido a finales de 2022, cuenta con una cadencia de cuatro años a priori garantizada por la mayoría absoluta, pero en la política israelí los cambios de rumbo son constantes e imprevisibles. Tras la tormenta social desatada, crecen los llamamientos para que el Likud modere sus postulados y apueste por una coalición de “unidad nacional” con fuerzas centristas para así desligarse de las facciones extremistas con amplio poder en la toma de decisiones. Netanyahu ya intentó acallar una primera disidencia interna, cuando el ministro de Defensa, Yoav Gallant, exigió en público la cancelación inmediata de la reforma judicial. No obstante, el deterioro de la situación de seguridad y la presión popular forzaron al primer ministro a restituir a Gallant en el cargo.

El ministro de Justicia, cuyo plan se inspiró en informes del think tank conservador Forum Kohelet, pretendía culminar el proceso parlamentario antes del 2 de abril, fecha en que se detendrá la actividad política por la festividad de Pesaj. Sin embargo, las manifestaciones multitudinarias y la presión política, tanto de sindicatos como de algunos miembros del Likud, han obligado al gobierno a abrir un proceso de negociaciones y a posponer la segunda y tercera votación para julio. 

Ofer Laszewicki Rubin es analista en Ardup Corporate Managent. © 2023 ARDUP Corporate Management (ACM) – Todos los derechos reservados.